#NadieSinLuz: ¿Qué sabrá el burgués de dolor y sufrimiento?

La muerte de una anciana de Reus a causa de un incendio provocado por una vela, objeto que debía usar diariamente para calentarse y alumbrar ya que le habían cortado el suministro eléctrico, cae como un chorro de realidad y conciencia sobre la sociedad española

El lunes fue un día de luto para todos. La ternura y compasión que generaba este fallecimiento, totalmente evitable, nos hacía abrir los ojos de la dureza con la que la crisis azota a diversos sectores de la sociedad. Mientras la prensa y las autoridades se ocupaban de buscar quién fue el que permitió que una señora de 81 años viviera sin electricidad en su casa durante dos meses, miles de personas de toda España se manifestaban este sábado para defender unos servicios básicos accesibles a toda la población.

Gas Natural, autor implícito de la muerte de esta anciana, prevé ganar este año entre 1.300 y 1.400 millones de euros. Mientras, un 15% de españoles viven en riesgo de pobreza energética. Endesa lleva ganados 1.300 millones de euros hasta el mes de septiembre, un 8.2% más que el año anterior. Mientras, uno de cada tres menores españoles están en riesgo de exclusión social. Los datos son abrumadores e incitan a reflexionar sobre qué clase de modelo económico estamos permitiendo.

La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo las autoridades permiten estos multimillonarios beneficios por parte de las empresas y, a su vez, no hacen nada por evitar los cortes de suministros básicos a la población? Ante esta pregunta, la administración (sobretodo autonómica y local), avergonzada y sintiéndose cómplice de esta situación, decide poner en marcha planes contra la pobreza energética y diferentes bonos sociales. Crean estos instrumentos para proteger y garantizar luz y agua a los estratos de la sociedad más azotados por la crisis. Pero, siento deciros, que este método implantado, desde la buena voluntad, por parte de la administración y ante la falta de competencias por parte de las autonomías y municipios para resolver el problema de raíz, no funciona.

¿Por qué debemos utilizar parte de los recursos económicos públicos para solucionar un problema que está generando una empresa privada? Y aquí es cuando entra en escena la Constitución. Sí, señores, aunque no lo parezca soy constitucionalista. La solución real y la que expresan economistas de prestigio es la nacionalización de las empresas que suministran (o más bien, no suministran de forma correcta) bienes y servicios básicos. Pero antes de que ustedes me llamen radical o algo parecido, sigan leyendo. Ante esta situación, y como medida preventiva a la expropiación, debería abrirse un proceso de negociación entre la empresa y el Estado.

Señores de Endesa, Gas Natural, Iberdrola, o ustedes aplican unas tarifas adecuadas a sus servicios, de forma que todos los ciudadanos puedan pagarlos, o se encontrarán publicado en el BOE un Real Decreto Ley de expropiación de su empresa. Como justificación, utilizaremos los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución, que defienden la intervención de empresas por razones de utilidad pública e interés social. Y no me digan que el hecho de que una anciana fallezca por no poder pagar la luz no es interés social.

Pero mientras Aznar, González, Salgado, Borrell o Solbes sigan en el Consejo de Administración de estas empresas multinacionales, y los partidos a los que pertenecieron tengan en su poder la Presidencia del Gobierno o el control del Congreso de los Diputados, no dispondrán de la valentía suficiente para defender de forma lógica a todos los ciudadanos que representan.

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