La Comunidad pagó 45 millones por un programa que fue desechado

Geomadrid era una base digital de datos cartográficos que pretendía unificar la información geográfica y territorial de la región.

El Gobierno regional abonó 45 millones de euros entre 2002 y 2008 por un servicio cartográfico que fue desechado en 2011. El sistema, presentado en marzo de 2006 por la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, permitía consultar desde la página web de la Comunidad la información geográfica y territorial la región. El Gobierno de Cristina Cifuentes se desvincula de ese gasto que, según afirma, “pertenece a otra legislatura”, aunque el Gobierno estaba entonces en manos de su mismo partido: el PP. La Comunidad asegura que el programa fue sustituido por otro con mayores prestaciones.

El proyecto Geomadrid, un sistema de información del suelo de la Comunidad, nació en julio de 2002. Fue encargado a la empresa pública Tres Cantos, S.A., con la que la Comunidad de Madrid firmó un convenio de colaboración para desarrollarlo. El importe del proyecto, que se llevó a cabo entre 2002 y 2006, ascendió a 36 millones de euros. Además, se gastaron 9,21 millones en mantenimiento hasta 2008. La financiación se realizó con fondos de la empresa y con subvenciones del Gobierno regional.

Esperanza Aguirre presentó la nueva web en marzo de 2006. Se trataba de una base digital de datos cartográficos, a modo de GPS, cuyo objetivo era unificar la información geográfica y territorial de la región. El programa ofrecía la posibilidad de descargar información sobre la clasificación, categorías y calificaciones del suelo.

La entonces presidenta anunció que esa “cartografía inteligente en continua actualización” sería especialmente útil para los profesionales de la cartografía, pero también para los ciudadanos en general y para la Administración regional, que encontraría en Geomadrid una importante ayuda, sobre todo en las áreas de Hacienda y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

La herramienta solo sobrevivió hasta 2011, indican fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad. “Fue sustituida por Planeo”, añaden, porque tiene mejores prestaciones que la anterior. En este caso, se encargó el desarrollo del servicio a técnicos municipales, “no a una empresa externa” como el anterior. Las mismas fuentes dicen ignorar qué motivación política llevó al anterior equipo de gobierno, de muchas de cuyas decisiones se quiere desvincular el actual Ejecutivo de Cifuentes, a cerrar el sistema.

Cuando Tres Cantos, S. A. se fusionó con Arpegio para constituir Nuevo Arpegio, en 2010, se decidió traspasar Geomadrid a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, porque no tenía nada que ver con el objeto social de Arpegio, empresa 100% pública que gestionaba el suelo propiedad de la Comunidad y el Plan Prisma.

Cristina Cifuentes ha anunciado que liquidará Arpegio, empresa investigada en la trama Púnica por la Audiencia Nacional. La actual presidenta y el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, han enmarcado su cierre en la política de liquidación de organismos públicos para racionalizar el gasto. La oposición pone en duda esa motivación y opina que el nombre de Arpegio se ha vuelto “muy incómodo” para este equipo de gobierno.

Rafael Gómez Montoya, diputado regional del PSOE, mantuvo en el pleno de hace dos semanas que la extinción anunciada de Arpegio es únicamente “un maquillaje político para intentar desvincular a la empresa del caso Púnica”.

Geomadrid fue el resultado de un proyecto que se inició siendo presidente Alberto Ruiz-Gallardón. El producto era muy similar a Google Earth, pero su uso estaba más enfocado a ámbitos profesionales como el de los registradores de la propiedad —cuyo colegio firmó con la Comunidad un convenio para poder utilizarlo—, o al de distintos apartados de la administración pública, como Madrid 112, Protección Ciudadana o el Consorcio Regional de Transportes.

El programa permitía sobrevolar Madrid con imágenes tomadas desde un avión. Los 8.000 kilómetros cuadrados de la Comunidad estaban accesibles a vista de pájaro.

Además, era posible obtener la altura de cualquier edificio de la ciudad, su número de plantas o el tipo de construcción predominante en una determinada zona. Introduciendo el padrón de un barrio y sus instalaciones públicas se podía averiguar si era deficitario en equipamientos. Las imágenes más antiguas estaban tomadas en 2003. También estaba previsto que incorporara información sobre el ocio, como espectáculos o restaurantes.

Pero lo que se presentaba como un producto impecable se fue desvelando como un pozo sin fondo económico. En febrero de 2009 el consejero delegado de la todavía existente Tres Cantos, S. A., Juan Oñate, indicó que el servicio podría dejar de ser gratuito para los profesionales, debido a las potentes inversiones que precisaba y a su reducida rentabilidad, según recogió entonces Europa Press. En 2008 precisó una inyección de cinco millones y solo generó 400.000 euros de beneficios.

Nula rentabilidad

Aunque sabían que como servicio público era difícil rentabilizarlo, esperaban poder tener mejores resultados con el paso de los años. En ese escenario, en 2009 se paralizaron los vuelos para tomar instantáneas del territorio por su coste. Oñate también apuntó a que no tenía mucho sentido seguir fotografiando el territorio porque con la crisis había menos obras y por lo tanto no existían modificaciones notables.

Entonces también se confiaba en que en los años siguientes, el sistema precisara menos mantenimiento. También pensaron en celebrar convenios con otras páginas web.

Las explicaciones de Oñate no convencieron al exdiputado socialista Antonio Fernández Gordillo, que veía en Geomadrid una de las causas que había situado a Tres Cantos S.L. en una situación económica muy complicada. Gordillo señaló que el proyecto Geomadrid perdió en 2006 un total de 3,4 millones de euros, que se elevaron a 4,6 en 2007. Los gastos, según sus estimaciones, seguirían subiendo a los 5 millones en 2008 y a los 5,5 al año siguiente.

El diputado no entendía como se había sacado adelante un proyecto que no era viable “ni técnica ni económicamente”.

 

Fuente: El País

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