Ante la reforma fiscal que prepara el gobierno: llamamiento URGENTE

ibi-abc--644x362Las personas abajo firmantes sentimos la necesidad imperiosa de pronunciarnos como ciudadanas y profesionales informadas y preocupadas por la actual orientación de la política social, y en particular por la reforma fiscal que está preparando el Gobierno. No podemos permanecer impasibles ante la aparente unanimidad, por acción u omisión, de la clase política y de la profesión económica en torno a unos principios, supuestamente inapelables, que responden exclusivamente a intereses neoliberales y patriarcales. Callar nos hace cómplices. Consideramos que la situación de emergencia social que vive nuestro país, y las perspectivas de agravarse sustancialmente con la actual orientación, exige un pacto de todas las personas preocupadas por la deriva antisocial que estamos sufriendo. Un pacto para frenar los recortes de la ya escuálida protección social existente en España y para potenciar un golpe de timón que nos conduzca a una sociedad equitativa y sostenible, tanto en nuestro país como a escala mundial.

1.- La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español es ilegal, pues su composición (8 hombres y ninguna mujer) vulnera la Ley de Igualdad1. Acusamos al Gobierno de abuso de poder, amparándose en la impunidad que le concede ser responsable de hacer cumplir la norma que él mismo vulnera. No es cierto que no haya expertas, por tanto es injustificable el incumplimiento de la ley.

2.- Las recomendaciones de la Comisión de Expertos, y los anuncios del Gobierno, constituyen un paso más en la vía trazada por el poder hacia el desmantelamiento de nuestro sistema de impuestos, prestaciones y servicios públicos. A lo largo del siglo XX se fue perfilando un consenso social que permitió a algunos países, como España, implantar sistemas de prestaciones e impuestos progresivos a pesar de las resistencias por parte de una minoría muy poderosa. Organismos como el Banco Mundial, el FMI y la Comisión Europea abogan por la privatización y el recorte de servicios públicos y prestaciones sociales, por la desregulación indiscriminada de los mercados laborales, por rebajar los impuestos y las cotizaciones empresariales, y por reducir la progresividad de los impuestos sobre la renta, incrementado paralelamente los impuestos indirectos como el IVA.

3.- Este camino no nos lleva a ningún sitio nuevo sino a la situación que aún se vive en la mayoría de los países del mundo y que vivíamos en España antes de la reforma fiscal de 1977 (por la que se creó el IRPF como impuesto sobre la renta personal progresivo), de la Ley General de Sanidad de 1986 (por la que se estableció el derecho universal a la asistencia sanitaria pública), de la Ley General de Seguridad Social de 1966 (con vocación de aseguramiento público a todas las personas trabajadoras y ante todas las contingencias que originan pérdida del salario), etc. Sin sistemas universales de prestaciones y servicios públicos, imposibles de mantener sin un sistema impositivo progresivo y generalizado, tendremos una sociedad en la que una gran parte de la población se encontrará en la economía sumergida y, por tanto, sin protección social, sin pensiones, y sin prestaciones por enfermedad y por desempleo. Una sociedad con un nivel de servicios públicos aún inferior al actual, con una educación y una atención sanitaria pública deficiente, sin sistemas públicos de educación infantil y de atención a la dependencia. En definitiva, una población abandonada a su suerte y sumida en la pobreza, con bajos niveles de cohesión social y altos índices de violencia. Esta es la situación en todos los países que no han conseguido implantar generalizadamente estos sistemas de impuestos progresivos, prestaciones y servicios públicos de alcance universal, por más que algunos de sus gobiernos proclamen la era del post-neoliberalismo.

Por encima de declaraciones o propuestas supuestamente imaginativas, es necesario analizar las condiciones en las que vive la mayoría de la población en cada país para observar los efectos de las distintas políticas fiscales. Es cierto que nuestro sistema debe ampliar su ámbito de protección para incluir todas las necesidades aún no cubiertas y a todas las personas que aún siguen excluidas, eliminando los elementos que responden al imaginario de familia compuesta por un hombre ganapán alejado del ámbito familiar y una esposa cuidadora alejada del empleo, sin ingresos y sin derechos. Pero sería muy perjudicial tratar de buscar sustitutivos o atajos: la única vía para la justicia social y para un desarrollo económico sostenible es un sistema de bienestar basado en impuestos progresivos generalizados y servicios públicos universales. Esta es la única base posible para construir un modelo que haga realidad el derecho a una vida plena en condiciones de equidad para todas las personas.

1 LO 3/2007, Artículo 16. Nombramientos realizados por los Poderes Públicos. Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan.
4.- La espiral en la que ya estamos, y que tenemos que revertir, se compone de varios elementos complementarios: por un lado, se recorta hasta el extremo el gasto social, con el argumento de que el déficit público es insostenible. Por otro lado, se rebajan tanto como sea posible los impuestos (sobre todo a las empresas y a las rentas altas), con el argumento de que menores impuestos aumentarán la capacidad de consumo de los hogares y animarán a las empresas a crear empleo. En tercer lugar, se recortan los derechos laborales y se bajan los salarios tanto como sea posible, con el mismo argumento de animar a las empresas. Por último, se intenta que la mayoría de las mujeres se mantengan en la precariedad laboral del tiempo parcial y que abandonen sus empleos cuando las necesidades familiares lo requieran, con el argumento de contener la caída de la fecundidad.

5.- Todos estos argumentos son falaces. Para contrarrestarlos no hace falta apelar a complicados análisis económicos; bastan los argumentos que están en la base de la creación de los estados de bienestar y los principios ampliamente aceptados por los que debe regirse la actuación del sector público en una sociedad democrática, el principal de los cuales es el de ‘a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades’, partiendo del hecho cierto de que la inmensa mayoría de la población no puede afrontar esas necesidades individualmente. La novedad, hoy, es que la historia nos muestra mucho más claramente los efectos de las diferentes orientaciones políticas, y en particular de la que ahora está imponiéndose. La novedad es también, y
a pesar de lo anterior, que la correlación de fuerzas social ha cambiado, con la colaboración imprescindible de profesionales, “expertos” e instituciones que hacen aparecer la doctrina neoliberal como neutra, científica o incluso como la única alternativa viable. Esta orientación es desastrosa para la sociedad pero produce pingües beneficios a los grandes capitales financieros. Desgranemos algunas evidencias básicas que hoy se niegan interesadamente, así como los intereses ocultos que se encuentran detrás de esa negación.

6.- Subir el IVA y bajar el IRPF es pernicioso: el elevado protagonismo de los impuestos sobre el consumo es problemático porque aplican el mismo tipo impositivo a todas las personas, lo que supone gravar proporcionalmente más a quien menos tiene (recordemos que, debido a su menor capacidad de ahorro, las personas pobres consumen una proporción más alta de sus ingresos que las ricas). En cambio, los impuestos sobre la renta progresivos (como el IRPF) tienen una función redistributiva además de la recaudatoria. Por otro lado, una imposición directa débil no proporciona recaudación suficiente para mantener una buena protección social. En todos los países en los que se ha construido un estado de bienestar sólido, el impuesto sobre la renta progresivo es la fuente de recaudación más importante, lo que contribuye decisivamente al consenso social que permite la implantación generalizada del conjunto de los tributos. Romper estos equilibrios deslegitima el sistema ante la población y, como consecuencia directa, hace que aumente la economía sumergida, sin derechos para las personas trabajadoras y sin posibilidad de control sobre los productos y servicios por parte de la ciudadanía. Los datos disponibles sobre el fraude fiscal en España confirman que en el periodo 2003-2012 ha aumentado. La pérdida de recaudación consiguiente al aumento de la economía sumergida conduce a ulteriores recortes, que profundizan la deslegitimación; y así sucesivamente. Esta es la espiral perversa en la que nos encontramos.

7.-Es falso que el aumento del IVA pueda compensar el descenso en recaudación originado por las rebajas de IRPF y cotizaciones sociales empresariales
. En los países en los que los impuestos sobre el consumo tienen más protagonismo que los impuestos directos, la recaudación total en términos del PIB es mucho menor, precisamente debido al gran peso de la economía sumergida. De hecho, la última subida del IVA en España (tipo general del 18% al 21%, tipos reducidos del 8% al 10%, en Septiembre de 2012) tuvo un efecto negativo sobre el consumo declarado, y cabe sostener que una parte de esa reducción se debe al aumento de la economía sumergida. La recaudación aumentó, pero solo ligeramente si tenemos en cuenta la subida del IPC. Contra estas evidencias, la Comisión Europea, el Gobierno y los “Expertos” continúan barajando la posibilidad de aumentar el peso relativo del IVA frente al de los impuestos directos.

8.-Es falso que una reducción generalizada de los impuestos sobre la renta, de sociedades y de las cotizaciones empresariales sea necesaria para el crecimiento económico. Al contrario, es muy perjudicial. No son los impuestos sino otros factores los que han hecho desmoronarse la actividad productiva en España, entre los que destacan las burbujas financiera e inmobiliaria y, posteriormente, la falta de crédito a las empresas y el derrumbe de la demanda interna (consumo), tanto de las familias como de las Administraciones Públicas. Con altos índices de desempleo, reducciones salariales, inestabilidad laboral y recortes en los servicios públicos y prestaciones sociales, las familias tienen menor renta disponible y, las que pueden, aumentan el ahorro en previsión de futuras necesidades familiares y contingencias no cubiertas por el aseguramiento público. Quienes propugnan recortes sociales con la excusa de contener el déficit público son los mismos que también reclaman estas reducciones de impuestos, lo que provoca disminuciones en la
recaudación, agravando el problema del déficit. Y así sucesivamente. El mantra neoliberal según el cual las empresas producirían más si los costes laborales fueran más bajos, y las familias consumirían más si bajaran los impuestos sobre la renta, ignora interesadamente todos estos factores y no aporta pruebas empíricas. Y es que las pruebas empíricas existentes van en sentido contrario: los países más competitivos y los que están menos afectados por la actual crisis son los países nórdicos, donde el estado del bienestar es más sólido y el mercado de trabajo más estable, por supuesto con una mayor presión fiscal.

9.- En particular, la tarifa plana de 100 euros de cotización empresarial para los nuevos contratos puede causar estragos en el mercado laboral, en la vida de las personas y en la sociedad en su conjunto . Además de originar pérdidas importantes de recaudación y despidos de personas productivas (como consecuencia de la sustitución de unos tipos de contratos por otros más baratos), supone un incentivo a las jornadas laborales largas, en un país que ya es uno de los europeos con mayor número de horas trabajadas por persona empleada a tiempo completo. España necesita urgentemente medidas para la reducción y racionalización de horarios, empezando por la reducción de la jornada laboral máxima para hacerla compatible con la vida familiar y personal y para repartir el empleo. No hay ninguna razón para esa tarifa plana, una medida irresponsable y sin precedentes en las economías avanzadas. Este elemento se une a la eliminación de restricciones a las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial por la Reforma Laboral de 2012.

10.- Por encima de los argumentos supuestamente técnicos, todas estas operaciones tienen una intención y unos efectos muy claros. En primer lugar, que las rentas altas y los grandes capitales paguen cada vez menos impuestos. Hasta las rebajas generalizadas del IRPF son más importantes para las rentas altas. En segundo lugar, según se recortan las prestaciones y los servicios públicos aumenta el negocio de los servicios privados. Este negocio está potenciado por las privatizaciones de los servicios públicos, pero también, y muy importante, por los recortes sociales y la falta de atención a las necesidades básicas de la población. Por ejemplo, a la vez que se rebajan las pensiones y se paraliza la creación de sistemas públicos de atención a la dependencia, avanzan los planes de pensiones y los seguros de dependencia privados, que aún son incipientes en nuestro país.

11.- En cuanto a política familiar, la única recomendación de la Comisión de Expertos y del Gobierno es la de mantener o aumentar la desgravación para mujeres con hijos/as menores de tres años (actualmente llamada “deducción por maternidad”2), según el Ministro Montoro como una medida para proteger “a los más débiles, a la mujer y a la familia” ; y según el informe de la Comisión de Expertos en consideración a que “ los niños…. representan de por sí una importante carga de trabajo para las madres”.

En la realidad, estas desgravaciones están muy lejos de solucionar los problemas a los que se enfrentan las mujeres trabajadoras que quieren tener descendencia sin perder su inserción en el empleo y sus posibilidades de desarrollar una carrera profesional: ¿cómo alguien puede pensar que con un máximo de 100 euros al mes se puede suplir la carencia de escuelas de educación infantil pública, el déficit de permisos para los padres (con su consiguiente falta de implicación en el cuidado) y la incompatibilidad de los horarios a tiempo completo con la vida de cualquier persona, no digamos ya de padres y madres? 100 euros al mes para la madre no resuelven estos problemas de las familias pero tienen un efecto perverso: refuerzan la creencia según la cual las criaturas son responsabilidad exclusiva de las madres.

2 Mediante la deducción en la cuota por maternidad, existente desde 2003, se reintegran a la trabajadora todas las cotizaciones pagadas a la Seguridad
Social por su trabajo (su parte y la de la empresa) hasta una cuantía máxima de 1.200 euros anuales. Su ámbito subjetivo está formado por las mujeres
con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena,
siempre que estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad. Puede solicitarse de forma anticipada y cobrarse
mensualmente.

Leer el Comunicado completo: AQUÍ

Esparroquí

Esparroquí

Pienso con mi Teclado, sin Filtros, con Criterios! Que se escapen estos pensamientos ¿Qué más da?! Quien siembra miseria, no es el que siempre recoge su cólera!

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